Hace algunos años empecé a ejercer la docencia en centros públicos. Había trabajado en diversos centros privados y el cambio de estos a uno público suponía un reto y, también, un cúmulo de ventajas, como tener voz propia, no depender exclusivamente de un equipo directivo, impartir sólo la propia especialidad, operar con una gama de recursos mucho más amplia que en la mayoría de los centros privados y poder expresarte con libertad sin miedo a represalias.

Se acaba de aprobar el nuevo decreto de autonomía de los centros educativos que anula la libertad del profesorado y según el cual se otorga plena potestad a los equipos directivos para decidir sobre la organización del tiempo, las asignaturas, los cargos de responsabilidad y la selección del profesorado. Este decreto reafirma un sistema oligárquico y dominado por los amiguismos en el que prima, al igual que los centros privados, la sumisión, la obediencia y el servilismo del profesorado ante discrepancias en los equipos docentes.

Ernest Maragall en nombre de una supuesta autonomía de centros promulga un sistema de gobierno de centros antidemocrático y poco transparente donde, sin duda, los sustitutos e interinos, si ya no lo estaban, quedarán relegados a la altura del betún o a expensas de las simpatías o antipatías de la dirección con independencia, en muchas ocasiones, de su eficacia laboral.

Un antimodelo organizativo para educar a las nuevas generaciones y que, inevitablemente, está abocado al fracaso.

Fuentes: La Vanguardia. Olga Grau Beltrán